Aprobado el Proyecto de ley de Seguridad Pública

Tras dos semanas, y después de las críticas de la oposición y algunos sectores sociales del Consejo de Ministros, se aprobó un proyecto de ley de seguridad pública, después de que el Departamento de Jorge Fernández Díaz se ha reducido en un tercio delitos muy graves que pagar las multas 30000/600000 euros.

Una de las sanciones más importantes del proyecto de ley es la profanación de la dura sanción a España, la autonomía, las autoridades locales o instituciones, símbolos, emblemas o himnos realizados por cualquier medio.

Estos delitos se castigan con multas de hasta 30.000 euros, a menos que sean constitutivas de delito.

Después de revisar el enfoque actual, en el sentido de que la protesta ante el Congreso u otras instituciones de alto gobierno se consideran en serio, no era compartida con multas de 1.001 dólares : 30.000 euros, a pesar de que no pueden ser capturados y siempre perturbar la seguridad pública. También gotas de grave a defectos leves consistentes en fuerza amenazante, insultar o vejar la persona responsable del mantenimiento del orden público, penado con entre 100 y 1.000 euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo el vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «el fortalecimiento y la protección de los derechos y libertades».

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que después de 22 años, para garantizar la validez de «necesaria, conveniente y oportuna» Actualización y mejora del marco jurídico para el sujeto con el doble objetivo de las libertades civiles y efectivamente responder a la nueva comportamientos que representan amenazas a la seguridad pública.

Díaz Fernández destacó que la futura ley, la vista se representa el resultado de una iniciativa de despenalización del gobierno de que la respuesta más adecuada a un determinado comportamiento ilegal y antisocial no en el código penal, sino sanciones administrativas es .

¿Qué hay de nuevo con el texto?

El ministro del Interior ha destacado que «por primera vez en la historia de nuestro sistema jurídico, el concepto de seguridad ciudadana se define y se cotiza por los propósitos y principios de la intervención pública en este Reglamento las materias de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional «.

«En particular, el principio de proporcionalidad, de modo que la identificación separada de esa finalidad y estos principios texto ha recibido garantías«.

Jorge Fernández Díaz, dijo que en la identificación de personas, registros, búsquedas y la restricción del tráfico en las vías públicas, el nuevo texto «aumenta las garantías con respecto a la legislación aplicable, las posibilidades de discrecionalidad administrativa y ser más protectora en defensa de la las libertades individuales» .

Otro de los aspectos más innovadores liderados por el Ministro es el principio de la responsabilidad solidaria de los padres, tutores o representantes por cualquier pérdida o daño.

Menores a su cargo

En este contexto, Fernández Díaz dejó claro que » no son responsables de la solidaridad de las posibles sanciones, pero el responsable de las acciones que va a cometer los menores de edad para la solidaridad por el daño que estas conductas de comportamiento».

Sanciones

El Ministro dijo que «las sanciones persigue un único objetivo: la violencia, la conducta antisocial y el vandalismo, lo que permite distinguir claramente lo que es el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, tales como golpear el derecho, la demostración, la información y la libertad de expresión de otras conductas violentas para eliminar » .

También reiteró la «plenamente garantizado el derecho fundamental de la manifestación con la condición de su liberación antes de que las delegaciones del gobierno«, ya que la ley actual se lleva a cabo.

«El mero hecho de no cumplir con este requisito se manipulan una sanción leve. Así pues, sólo el comportamiento violento que se castiga como delitos graves. Esta regulación parece más justo y razonable«.

Como delitos graves, quedan aquellos comportamientos que conducen a perturbaciones graves en el camino, las habitaciones o las instalaciones públicas, así como el endurecimiento de los incendios en la vía pública, si representan un peligro para las personas o la propiedad, y no son constitutivas de delito.

También será él delito o disturbios a España, las comunidades autónomas y las unidades locales o de sus instituciones, símbolos, emblemas o himnos, si no son crímenes.

Fernández Díaz destacó como una nueva fracción pesada, la oferta, consulta, negociación o aceptación de servicios sexuales en espacios públicos atractivos cercanos para niños o un peligro para la seguridad de la intención de representar el camino.

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